La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, hizo un llamado firme a no tomar a la ligera los señalamientos de Terrance Cole, director de la DEA, quien apuntó a una estrecha relación entre el gobierno mexicano y los cárteles del narcotráfico. Para la legisladora, la respuesta de México no puede quedarse en un simple rechazo político; debe demostrarse con hechos, transparencia e investigaciones independientes.
Al respecto, la diputada panista sostuvo:
“México debe demostrar que ninguna autoridad está por encima de la ley, que no hay tolerancia, protección ni impunidad frente a posibles vínculos entre servidores públicos y organizaciones criminales”.
Kenia López pide indagar nexos tras dichos de Terrance Cole; acusación grave que exige responsabilidad
López Rabadán insistió en que una declaración de este calibre requiere madurez institucional y un compromiso real por aclarar la situación, en lugar de descalificar la advertencia de la agencia estadounidense.
En sus palabras, la presidenta de los diputados enfatizó:
“Las palabras de Terry Cole, director de la DEA, no deben minimizarse. Ha afirmado que existe una conexión mortal entre las redes de los cárteles y el gobierno, y ha llegado a señalar que ambos son la misma cosa. Se trata de una acusación de enorme gravedad que no puede aceptarse sin pruebas, pero que tampoco debe ser minimizada. Obliga a las instituciones mexicanas a actuar con responsabilidad y a demostrar con investigaciones firmes cuando haya señalamientos sobre posibles vínculos entre organizaciones criminales y personas que ejercen el poder público en nuestro país”.
Foco rojo en Baja California y Sinaloa
Asimismo, integrante del blanquiazul apuntó que los casos de Baja California y Sinaloa requieren una atención prioritaria y un análisis riguroso, lejos de cualquier cálculo político o partidista.
Sobre esta situación, aclaró:
“No podemos afirmar sin una sentencia o prueba suficiente que las personas señaladas sean cómplices de organizaciones criminales, pero tampoco podemos descartar esa posibilidad únicamente mediante declaraciones políticas. Si las investigaciones acreditan que algún funcionario de cualquier partido, gobierno o nivel de responsabilidad tiene vínculos, brinda protección o utiliza recursos públicos al servicio de una organización criminal, esa relación debe terminarse de inmediato y ser sancionada con todo el peso de la ley”.
Finalmente, López Rabadán concluyó que el escenario actual exige total claridad y cero evasivas por parte de las autoridades:
“No puede haber encubrimiento, protección política ni cálculos partidistas. Las afirmaciones del director de la DEA se producen en un contexto de acusaciones judiciales, señalamientos públicos, testimonios, decisiones administrativas y conversaciones divulgadas que deben ser esclarecidos, sin prejuzgar, pero también sin evasión”.
