La Fomento Económico Mexicano (Femsa) obtuvo un fallo definitivo a su favor luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera dejar firme la decisión que anuló un crédito fiscal de 2 mil 868 millones de pesos que pretendía cobrarle el SAT.
El caso se centra en una resolución previa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Dicho tribunal había declarado inválido el cobro al considerar que el asunto estaba jurídicamente cerrado desde junio de 2024. Además, se basó en el principio de cosa juzgada.
De acuerdo con la determinación del Pleno, el ministro Giovanni Figueroa Mejía presentó el proyecto dentro de la revisión fiscal 5/2025. En su análisis, la Corte consideró improcedente el recurso promovido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto se debió a que el recurso no reunía relevancia ni trascendencia jurídica.
Suprema Corte confirma nulidad de crédito fiscal a Femsa
Además, el tribunal anuló el cobro por una cuestión formal: la autoridad fiscal actuó fuera del plazo legal y el caso ya había sido resuelto con cosa juzgada.
En ese contexto, el tribunal también subrayó que este tipo de supuestos no permiten abrir la vía de revisión fiscal. Así, se actuó conforme a la ley y criterios ya establecidos.
A finales de 2025, la Corte atrajo el expediente a propuesta de la ministra Lenia Batres Guadarrama. Sin embargo, el ponente dejó claro que no comparte la idea de aplicar cambios normativos recientes al caso.
“La opinión de quienes pudieran sostener que la reforma de 9 de junio de 2026, que habilitó la procedencia de la revisión fiscal contra -resoluciones de forma, sea aplicable al presente caso”, pues ello vulneraría el principio de seguridad jurídica.
También advirtió que permitirlo enviaría una señal negativa para quienes ya obtuvieron sentencias favorables en juicios de nulidad, al abrir la puerta a nuevas impugnaciones por parte de las autoridades.
A su vez, la ministra –Yasmín Esquivel Mossa advirtió que aplicar esa reforma de forma retroactiva afectaría derechos adquiridos por la empresa.
“Estamos obligados, como tribunal constitucional, a enviar un mensaje muy claro en el sentido de que México sí ofrece la seguridad jurídica que demanda el sector privado, porque de esa certidumbre somos garantes los tribunales de la Federación”, apuntó.
Por su parte, la ministra Loretta Ortiz respaldó el sentido del proyecto. Señaló que los criterios previos de la Corte exigen una interpretación estricta, algo que en este caso no se cumplía.
