El Senado de la República ya tiene en sus manos la iniciativa presidencial para crear la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio. La propuesta busca uniformar las reglas del juego en todo el país, estableciendo penas más severas y garantizando que los protocolos de investigación sean los mismos en las 32 entidades federativas.
En redes sociales, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez. Informó que de inmediato será turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y Para la Igualdad de Género.
Senado de la República analizará la Ley General de Feminicidio. El objetivo central del proyecto es que la justicia —no dependa del estado en el que ocurran los hechos—. Así que para lograrlo, la iniciativa plantea que cualquier muerte violenta de una mujer se investigue de origen como un posible feminicidio y siempre bajo una perspectiva de género. También incluye castigos desde el grado de tentativa y la pérdida de derechos para los agresores como el sucesorio o la patria potestad. Además de definir de forma clara los derechos de las víctimas directas e indirectas.
Senado de la República analizará la Ley General de Feminicidio
Para acreditar el delito, el documento contempla un total de 10 razones de género específicas. Entre las que destacan la violencia sexual y los antecedentes de agresiones. Así como el abuso de relaciones de poder, las amenazas, la discriminación y cualquier conducta asociada a estereotipos de género.
Senado de la República analizará la Ley General de Feminicidio. En cuanto a las sanciones, la ley propone fijar una pena uniforme de 50 a 70 años de prisión a nivel nacional. —Esta sanción podrá incrementarse gracias a la inclusión de 19 agravantes—. Diseñadas para responder con mayor severidad. Cuando las víctimas sean niñas, adolescentes, adultas mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, periodistas, defensoras de derechos humanos o migrantes.
Senado de la República analizará la Ley General de Feminicidio. De igual forma, se contemplan castigos más estrictos en dado caso de que el responsable sea un servidor público. Por igual también si el delito involucra ataques con ácido u otras sustancias corrosivas, o si existen factores que aumenten la vulnerabilidad de la víctima.
