La organización internacional Human Rights Watch advirtió sobre los riesgos de la nueva iniciativa federal en materia de audiencias en el país. Bajo la premisa de que “México debe corregir lineamientos”, la entidad señaló que el plan gubernamental sobre los “derechos de las audiencias” supone “una amenaza para la libertad de expresión”.
“La veracidad es un pilar fundamental del periodismo responsable, pero el gobierno no debería ser quien decida si los medios de comunicación están haciendo bien su trabajo”, señaló Jorge Peniche, investigador senior de Human Rights Watch para México.
Human Rights Watch alerta por iniciativa de audiencias. El proyecto de reglamento, presentado por el gobierno federal el pasado 28 de julio de 2026, busca facultar a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones —órgano dependiente del poder ejecutivo— para sancionar económicamente a medios de comunicación cuando considere que difunden contenidos “falsos”, “descontextualizados” o “desactualizados”.
Frente a este escenario, el organismo alertó sobre las posibles consecuencias para la prensa:
“Estas disposiciones pueden utilizarse fácilmente para reprimir el periodismo independiente y es probable que adquieran un efecto intimidatorio, incluso si este no fuera su objetivo”.
Human Rights Watch alerta por iniciativa de audiencias
La discusión ocurre en un contexto de constantes señalamientos públicos. Human Rights Watch recordó que la consejera jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde. Utilizó un segmento de transmisión gubernamental llamado ‘Derecho de réplica’, que se transmite semanalmente desde el Palacio Nacional. Para señalar a periodistas y medios de comunicación que, según la funcionaria, forman parte de un “esfuerzo coordinado” para difundir “noticias falsas”.
Sobre este punto, Peniche recalcó la importancia de proteger la pluralidad:
“La mejor defensa contra la desinformación es un entorno mediático que permita fuentes de información diversas y plurales, no contar con un organismo oficial facultado para sancionar a los medios de comunicación cuya cobertura el gobierno decida calificar de inexacta”.
Human Rights Watch alerta por iniciativa de audiencias. En México, los derechos de las audiencias forman parte del marco constitucional desde 2014. Operando bajo un esquema de autorregulación donde cada medio de radiodifusión cuenta con códigos de ética y una defensoría interna para atender quejas ciudadanas.
El nuevo reglamento plantea que cualquier persona pueda apelar las resoluciones de estas defensorías directamente ante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Con ello, la entidad gubernamental tendría la facultad de revocar decisiones internas e imponer multas de hasta el 1 por ciento de los ingresos acumulables anuales. A los medios señalados de emitir información “falsa”, “descontextualizada” o “desactualizada”.
