El comercio electrónico, la banca digital y los servicios en línea crecieron muy rápido en México en los últimos años. Y junto con ellos también creció el fraude. En 2026, distintas autoridades y legisladores coinciden en que la protección al consumidor digital ya no es un tema secundario. Se ha vuelto un asunto de política pública, con cifras que dejan ver la magnitud del problema y reformas legales que apenas empiezan a ponerse al corriente.
El fraude digital, una tendencia que no para de crecer
De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), casi 16 millones de mexicanos podrían sufrir algún tipo de fraude digital en 2026. Un incremento del 18% frente a los 13.5 millones de casos que se registraron el año anterior. Solo entre enero y mayo de 2026, las reclamaciones por posible fraude financiero relacionado con banca digital subieron 11.4% respecto al mismo periodo de 2025. Y en algunos meses el alza fue de más del 30% de forma anual.
El problema no le pega igual a todos. Los reportes de CONDUSEF muestran que alrededor de una de cada tres víctimas de fraude bancario digital es un adulto mayor. Un grupo que en la última década se conectó a internet cada vez más. Pero que sigue siendo de los más vulnerables. Sobre todo frente al phishing, la suplantación de identidad y las estafas con códigos QR alterados. Y para acabarla, la tasa de recuperación de dinero robado sigue siendo baja. Los bancos apenas han devuelto una fracción de lo que los usuarios reclaman.
Un marco legal que se está poniendo al día
Frente a este panorama, la regulación mexicana empezó a moverse. En marzo de 2025 entró en vigor la nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Esta sustituyó a la del 2010 y le pasó las funciones que antes tenía el INAI, desaparecido tras una reforma constitucional, a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
En el terreno del consumo, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) opera bajo una Ley Federal de Protección al Consumidor. Pero según especialistas legales, todavía no responde del todo a los retos de las transacciones digitales automatizadas. Como el diseño de interfaces que pueden inducir al error o la llamada “tarifa dinámica” en la venta de boletos en línea. Un caso reciente deja ver el problema. Durante la preventa de boletos para un concierto en enero de 2026, PROFECO recibió más de 4.700 quejas de consumidores. Lo que reavivó la discusión sobre darle a la dependencia herramientas legales más claras para vigilar y sancionar este tipo de prácticas en tiempo real. En paralelo, avanza en el Congreso una iniciativa para reforzar la protección de quienes compran productos o servicios a proveedores extranjeros por comercio electrónico.
Distintos servicios digitales, un mismo reto de protección
La preocupación por proteger al consumidor no se limita a la banca o al comercio electrónico tradicional. Abarca, en general, cualquier plataforma digital que maneje dinero o datos personales de los usuarios. Aplicaciones de pago, marketplaces, servicios de streaming con cobros recurrentes. También el entretenimiento digital regulado, como el casino online, donde los operadores con licencia deben cumplir con reglas de transparencia, verificación de identidad y manejo responsable de la información financiera de sus usuarios. En todos estos casos, la exigencia de fondo es la misma. Que las plataformas sean claras sobre sus términos, protejan los datos que recopilan y ofrezcan mecanismos reales para resolver quejas.
Esta lógica también explica por qué el debate sobre ciberseguridad ha escalado al plano legislativo. En julio de 2026, un senador presentó ante la Comisión Permanente una propuesta para construir una Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Argumentando que la magnitud de los fraudes bancarios digitales exige una mayor coordinación entre reguladores, instituciones financieras y fiscalías. En lugar de dejar la respuesta en manos de una sola institución.
Lo que está en juego
El crecimiento de los fraudes digitales y las brechas que persisten en la legislación explican por qué México discute, casi al mismo tiempo, una nueva ley de datos personales. Una reforma a la protección del consumidor en línea. Y una estrategia nacional de ciberseguridad. Ninguna de estas piezas resuelve el problema por sí sola, pero juntas reflejan un cambio de enfoque. Pasar de una regulación pensada para el consumo tradicional a un marco capaz de responder a la manera en que los mexicanos compran, pagan y se entretienen hoy en día a través de internet.
Para los usuarios, la recomendación de fondo sigue siendo la misma que dan las propias autoridades. Verificar que cualquier plataforma digital, sea financiera, de comercio o de entretenimiento, cuente con las licencias y registros correspondientes. Además de revisar sus términos y condiciones. Y, por último, reportar de inmediato cualquier operación sospechosa ante la institución correspondiente.
