Convenio entre UIF y Pemex busca prevenir delitos energéticos. Petróleos Mexicanos y la Unidad de Inteligencia Financiera firmaron un convenio que permitirá compartir datos para reforzar la vigilancia de operaciones vinculadas con posibles delitos en el sector energético.
Mediante este acuerdo, las dos instituciones establecerán canales de cooperación más rápidos y eficaces para atender asuntos relacionados con sus respectivas responsabilidades, informó el Gobierno de México en un comunicado difundido este jueves.
Como parte de la colaboración, Pemex entregará a la UIF datos financieros, contables, económicos, administrativos y jurídicos. La información servirá para detectar. También para prevenir movimientos de recursos de origen ilícito, actos de corrupción, fraudes, sustracción de combustibles y otras conductas asociadas.
UIF y Pemex compartirán información contra delitos y corrupción. A su vez, la Unidad de Inteligencia Financiera proporcionará a la empresa petrolera análisis de inteligencia que ayuden a localizar, prevenir, monitorear y evaluar riesgos en sus operaciones financieras y en las actividades de sus compañías filiales.
UIF y Pemex refuerzan acciones para detectar delitos financieros
Intercambio de datos permitirá a UIF y Pemex combatir delitos. El convenio amplía las labores que ambas entidades realizan dentro del Grupo de Trabajo Interinstitucional contra el Mercado Ilícito de Combustibles. En ese espacio coordinan recursos técnicos y operativos para ubicar organizaciones involucradas en el robo y la venta ilegal de hidrocarburos.
Además, el trabajo conjunto busca rastrear las estructuras financieras relacionadas con estas redes y aportar elementos para debilitar los circuitos logísticos. También comerciales y económicos que permiten su funcionamiento.
La UIF y Pemex también contemplan organizar actividades de capacitación enfocadas en el análisis operativo y estratégico. Tienen el objetivo de mejorar la preparación de su personal.
Con estas medidas, las instituciones pretenden fortalecer la identificación. Y denuncia de posibles irregularidades que puedan perjudicar al sector energético y al patrimonio del Estado mexicano.
