Buscan reforzar protección para madres buscadoras en Tamaulipas. El Congreso del Estado de Tamaulipas analiza una propuesta de reforma promovida por la diputada priista Mercedes del Carmen Guillén Vicente, quien busca garantizar por ley medidas integrales de protección, salud y acompañamiento para las madres buscadoras y sus colectivos.
La legisladora explicó que la iniciativa plantea que las autoridades estatales asuman la responsabilidad de proveer condiciones dignas de atención médica y recursos operativos indispensables para el desarrollo de las diligencias de campo.
Asimismo, Guillén Vicente puntualizó que la legislación debe contemplar que los procesos de localización permanezcan abiertos y activos en las instituciones. Incluso si la madre que encabeza el caso llega a perder la vida antes de encontrar a su ser querido.
Reforma plantea protección integral para madres buscadoras en Tamaulipas
Al hacer énfasis en la dimensión de la crisis en Tamaulipas, recalcó que la insuficiencia de medios materiales no puede seguir siendo un obstáculo para las familias. Por lo que el Estado tiene la obligación de canalizar apoyos directos a las agrupaciones civiles.
La propuesta legislativa abarca cambios en siete artículos normativos, una medida impulsada por el continuo incremento de reportes de desaparición frente al desamparo en el que muchas de las integrantes realizan sus recorridos de búsqueda. La legisladora expuso las condiciones de riesgo a las que se enfrentan cotidianamente.
“La búsqueda las lleva a terrenos peligrosos que no son seguros y, por tanto, requieren que se les proporcione protección por parte de las fuerzas de seguridad pública.”
La diputada recalcó que la situación de los colectivos de búsqueda seguirá vigente en la discusión pública del país mientras persista la crisis de desapariciones. Una problemática que ya supera los 130 mil casos registrados a nivel nacional.
Aunado a ello, la diputada señaló que las estadísticas oficiales reflejan apenas una parte de la realidad. Debido a que muchos deudos optan por no acudir ante la autoridad a denunciar la ausencia de hijos, esposos, hermanas o madres por prejuicios, señalamientos o desconfianza.
“Sea cual fuera la vida que haya decidido llevar, todas las personas tienen derecho a enterrar a sus muertos, a saber dónde están.”
Finalmente, insistió en que se debe etiquetar un presupuesto mayor para las áreas periciales y de medicina forense. Con miras a resolver el rezago en la identificación de restos humanos y expandir los registros del banco genético de ADN.
Por Enrique Jonguitud Blanco
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