La administración del Puerto El Mezquital enfrenta una modificación que coloca su sección aduanera bajo la responsabilidad de Altamira, aunque las instalaciones permanecerán en Matamoros. La decisión federal genera cuestionamientos sobre el futuro del proyecto portuario y los beneficios que recibirá la población.
El cambio quedó establecido en un acuerdo publicado el 9 de octubre de 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF). El documento modifica los límites de competencia territorial de las aduanas y asigna la sección aduanera de El Mezquital a la Aduana de Altamira.
La disposición no contempla el traslado físico del Puerto El Mezquital ni una modificación de los límites territoriales de Matamoros. Sin embargo, sí cambia la dependencia administrativa responsable de atender sus operaciones aduaneras.
La Administración Portuaria Integral de Tamaulipas (API) ha insistido en que la terminal seguirá perteneciendo a la ciudad. No obstante, mantener las instalaciones en el municipio no equivale a conservar su adscripción aduanera original.
Altamira asume la jurisdicción mientras Matamoros espera respuestas
El Gobierno Federal plantea que la reorganización permitirá mejorar la coordinación entre las autoridades, acelerar el despacho de mercancías y facilitar los desplazamientos del personal aduanero. En términos administrativos, la modificación significa que la sección aduanera de El Mezquital dejará de depender de la Aduana de Matamoros para quedar bajo la jurisdicción de Altamira.
El acuerdo tampoco ordena entregar las instalaciones portuarias ni establece que Altamira recibirá ingresos municipales relacionados con ellas. Asimismo, el documento no determina una pérdida económica específica para Matamoros.
Sin embargo, la nueva distribución de responsabilidades abre preguntas sobre la gestión cotidiana del puerto y sus efectos para la economía local. Por ello, las explicaciones oficiales necesitan abordar más que la permanencia física de las instalaciones. También deben precisar los motivos del cambio, sus consecuencias operativas y las medidas para vincular el desarrollo portuario con Matamoros.
API Tamaulipas defiende la permanencia del Puerto El Mezquital en Matamoros
El director general de la API Tamaulipas, Gustavo Guzmán Fernández, explicó que la disposición responde a una modificación técnica. También aseguró que los trámites y el personal continuarán en Matamoros. Durante sus declaraciones, el funcionario sostuvo:
“El Puerto nunca se ha ido. Se queda en Matamoros, para Matamoros y por Matamoros; este puerto es imposible que se lo lleven”
Pese a esta postura, todavía quedan aspectos por aclarar sobre la distribución de funciones entre ambas aduanas. La autoridad portuaria necesita precisar qué actividades permanecerán en Matamoros y cuáles quedarán bajo la responsabilidad de Altamira. También debe explicar cómo se coordinarán las dependencias involucradas.
Otro aspecto relevante es el posible impacto para agentes aduanales, transportistas y empresas interesadas en utilizar el puerto. Los usuarios necesitan conocer si habrá cambios en los procedimientos, los costos administrativos o los tiempos de atención.
Hasta ahora, la información disponible no permite afirmar que estas consecuencias ocurrirán. Tampoco ofrece garantías suficientes para descartar posibles repercusiones. Por ello, la claridad institucional requiere información verificable que permita conocer el alcance real de la nueva disposición.
El acuerdo no compromete inversiones ni nuevos empleos
La discusión también involucra las expectativas económicas asociadas al Puerto Norte Matamoros. Su potencial comercial podría abrir oportunidades laborales y favorecer la participación de proveedores, transportistas y empresas locales.
Una mayor actividad portuaria también puede impulsar inversiones en infraestructura y generar movimiento económico. Sin embargo, esos beneficios dependen de proyectos, operaciones y compromisos concretos.
El acuerdo publicado en el DOF no incluye recursos especiales para invertir en Matamoros. Tampoco fija objetivos de generación de empleo ni garantiza ingresos municipales derivados de la actividad portuaria. En consecuencia, sostener que la modificación no perjudicará las oportunidades económicas de la ciudad requiere elementos comprobables.
Entre ellos destacan los montos de inversión previstos, los compromisos de contratación local, las proyecciones de carga y los proyectos autorizados. También resulta relevante conocer qué mecanismos permitirán a las empresas matamorenses participar en las operaciones. Sin estos elementos, permanece la incertidumbre sobre cuánto beneficio económico recibirá la ciudad por albergar las instalaciones portuarias.
La Aduana 51 continúa pendiente de confirmación
La API Tamaulipas ha informado que mantiene las gestiones para establecer la Aduana 51, concebida como una Aduana Marítima del Puerto Norte-Matamoros. Contar con una estructura aduanera propia podría fortalecer la capacidad operativa de la terminal y mejorar su competitividad. No obstante, el acuerdo del 9 de octubre de 2026 no crea esta nueva dependencia ni confirma su autorización definitiva.
Por esa razón, las autoridades deben informar si existe una solicitud formal y cuál ha sido la respuesta de la Agencia Nacional de Aduanas de México. También hace falta conocer los recursos necesarios y los plazos contemplados para poner en marcha el proyecto, en caso de recibir autorización.
La relación entre esta propuesta y la nueva adscripción a Altamira es otro punto que requiere una explicación oficial. Mientras no existan confirmaciones documentadas, la Aduana 51 debe considerarse una gestión pendiente.
El cambio obliga a las autoridades a rendir cuentas
La modificación federal también pone bajo escrutinio a las autoridades que han presentado el Puerto Norte como una alternativa para fortalecer la economía regional. Ahora corresponde explicar qué medidas se adoptarán ante la nueva distribución aduanera y qué compromisos respaldarán los beneficios prometidos para Matamoros.
Esto no significa que Altamira se haya apropiado de las instalaciones ni que el municipio vaya a perder ingresos fiscales específicos. El acuerdo no establece ninguna de esas consecuencias. El punto central es que Matamoros tendrá una dependencia aduanera distinta y necesita conocer cómo repercutirá esa decisión en el funcionamiento del Puerto El Mezquital.
Además, el documento incluye una disposición transitoria que condiciona su entrada en vigor a la aplicación de los cambios necesarios en las disposiciones generales. Por ello, también debe precisarse cuándo comenzará a funcionar plenamente la nueva organización administrativa.
Matamoros necesita garantías sobre el futuro portuario
El Mezquital representa una posibilidad para diversificar las actividades económicas de Matamoros, atraer capital y ampliar las oportunidades laborales. Por esa razón, cualquier modificación en su estructura administrativa requiere explicaciones claras.
El Gobierno Federal puede reorganizar las aduanas, pero también debe informar sobre los alcances de sus decisiones. A su vez, la API Tamaulipas necesita respaldar sus declaraciones con información que permita evaluar los beneficios para la ciudad.
El cambio no implica que el puerto haya sido trasladado. La modificación consiste en que su sección aduanera deja de depender de Matamoros y pasa a la jurisdicción de Altamira, sin compromisos específicos de inversión, empleo o beneficios económicos municipales en el acuerdo.
La principal interrogante sigue sin respuesta: ¿qué garantías concretas permitirán que Matamoros participe de manera directa en las oportunidades que genere el desarrollo portuario? La población necesita compromisos públicos, información comprobable y resultados medibles. La permanencia de las instalaciones en el municipio no basta para asegurar que el crecimiento del puerto se traduzca en beneficios para la economía local.
Por Jorge Capetillo
