La preparación del personal educativo para identificar situaciones que pongan en peligro a niñas, niños y adolescentes y la protección de estudiantes en Tamaulipas. Es el objetivo de una iniciativa presentada por la diputada de Morena, Úrsula Salazar Mojica, ante el Congreso de Tamaulipas.
La propuesta contempla modificaciones al artículo 74 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas. Entre sus prioridades están la detección temprana de riesgos, la capacitación de docentes y la canalización de casos a las autoridades correspondientes.
La iniciativa busca fortalecer la protección de estudiantes en Tamaulipas mediante capacitación y detección temprana de riesgos
Durante su intervención en tribuna, la legisladora explicó que la medida busca fortalecer la prevención de la violencia sexual, brindar orientación sobre el embarazo adolescente y garantizar la protección de los derechos de estudiantes en Tamaulipas.
Salazar Mojica señaló que maestros y trabajadores de las escuelas conviven diariamente con el alumnado. Esta cercanía puede facilitar la identificación de cambios de comportamiento, condiciones de vulnerabilidad y otras señales que requieran atención oportuna.
La iniciativa también delimita las responsabilidades del personal educativo. Su propósito no es convertir a docentes en especialistas médicos ni asignarles tareas de investigación criminal o atención especializada. En cambio, busca proporcionarles herramientas para reconocer posibles amenazas y activar los procedimientos establecidos para solicitar apoyo institucional. Al defender la propuesta de protección de estudiantes en Tamaulipas, la diputada subrayó la importancia de garantizar entornos escolares seguros para toda la comunidad estudiantil.
“Los planteles educativos deben ser espacios seguros, inclusivos y libres de violencia”
La iniciativa de protección de estudiantes en Tamaulipas obtuvo el respaldo de distintas fuerzas políticas. Los grupos parlamentarios de Morena, Movimiento Ciudadano y PRI se sumaron al planteamiento, que ahora continuará su proceso legislativo. Finalmente, el Congreso turnó la propuesta a las comisiones de Educación y de Niñez, Adolescencia y Juventud. Estas instancias analizarán su contenido y elaborarán el dictamen correspondiente.
