Ciudad de México / Redacción.-
En un giro reciente en los eventos legales que involucran a Jesús Murillo Karam, ex procurador general de la República, un juez federal ha concedido prisión domiciliaria debido a su estado de salud deteriorado. La medida se aplica específicamente al proceso que enfrenta por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia en relación con el caso Ayotzinapa. Sin embargo, esta decisión no implica su liberación inmediata, ya que Murillo Karam está implicado en otro proceso legal que le impone la prisión preventiva.
Durante una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, el juez de control José Rivas González tomó en cuenta la avanzada edad y la precaria salud de Murillo Karam para modificar la medida cautelar. Según fuentes cercanas al caso, la prisión domiciliaria tendría lugar en su residencia de Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, bajo vigilancia de un brazalete electrónico.
A pesar de esta resolución, la situación legal de Murillo Karam sigue siendo compleja. Se ha pospuesto hasta enero del año entrante la audiencia donde la Fiscalía General de la República (FGR) planea presentar acusaciones formales y solicitar una condena de 82 años de prisión por su presunta responsabilidad en los delitos mencionados.
Además, en abril de este año, la FGR imputó nuevamente a Murillo Karam por su supuesta implicación en la tortura de Felipe Rodríguez Salgado, alias ‘El Cepillo’. Este último, identificado como sicario de Guerreros Unidos durante la pasada administración de la PGR, ha sido señalado como responsable de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. La audiencia relacionada con esta acusación se llevó a cabo a puerta cerrada en el Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur, bajo la dirección del juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna.
En consecuencia, aunque se ha concedido la prisión domiciliaria a Murillo Karam por uno de los procesos, su libertad está restringida por el otro caso pendiente. La situación actual exige la programación de una audiencia adicional para determinar si la medida cautelar puede modificarse, lo que podría permitirle enfrentar ambos procesos desde su domicilio.
Este desarrollo subraya la complejidad y la continua evolución del caso Ayotzinapa, un evento que ha marcado profundamente el panorama legal y social de México.
Agencias / Vox Populi Noticias
