La Fiscalía General de la República (FGR) informó que se encuentra presentando los datos de prueba para conseguir una sentencia condenatoria contra dos ex altos funcionarios del IMSS, por el incendio en la Guardería ABC, en el que 49 niños murieron y 41 personas resultaron heridas, en junio de 2009.
Se trata de Sergio Salazar Salazar, ex director de Prestaciones Económicas y Sociales, y Carla Rochín Nieto, coordinadora Nacional de Guarderías del IMSS, quienes están sujetos a proceso por los delitos de lesiones y homicidio culposo, en la modalidad de comisión por omisión.
En un comunicado, la dependencia federal dijo que si bien ambos llevan su proceso en libertad mediante el cambio de medida cautelar, el proceso penal continúa y ya se encuentra en la etapa intermedia.
En tanto, la Fiscalía recaba las evidencias para llevarlos a juicio y buscar que les impongan una sentencia condenatoria.
“El Ministerio Público de la Federación (MPF) está presentando los datos de prueba idóneos y pertinentes para la obtención de sentencia condenatoria”, dijo la FGR.
En noviembre de 2020 la Policía Federal Ministerial (PFM), de la FGR, detuvo a Salazar y Rochín con base en una orden de aprehensión por los delitos antes citados, y por varios meses permanecieron en prisión preventiva.
“Los Jueces de Distrito en el Sistema Penal Acusatorio, adscritos al Centro de Justicia Penal Federal en Sonora en funciones de Juez de Control, Aníbal Castro Borbón y Javier Aguirre Farfán, concedieron la libertad vigilada durante el proceso a Carla “R” y Sergio “S”, respectivamente; dicho proceso continúa y se encuentra en su etapa intermedia”, dijo la Fiscalía.
La FGR dijo que al inicio de la presente administración no se había ejercido acción penal en contra de altos funcionarios del IMSS por su presunta responsabilidad en la tragedia de la Guardería ABC.
Por esa razón judicializó el caso contra Salazar y Rochín, en coordinación con el IMSS, y consiguió las órdenes de aprehensión que les cumplimentaron a fines del 2020.
La FGR dejó entrever que no ejerció la acción penal contra Juan Molinar Horcasitas, titular del IMSS cuando ocurrieron los hechos, porque “ya había fallecido y por ello la Ley extingue la acción penal”.
