Emilio Lozoya solicitó a la justicia federal cancelar su juicio por el caso Odebrecht porque el año pasado el Tribunal Supremo de Brasil declaró ilegales los testimonios de los ex ejecutivos de la constructora que manifestaron haberle sobornado, a cambio de contratos.
Después de que el año pasado fue cancelada la información bancaria que Brasil y Suiza entregaron a la FGR para probar los supuestos sobornos, las pruebas más relevantes que subsisten para el juicio son precisamente las declaraciones de los ex directivos de Odebrecht.
El ex director de Pemex pidió invalidar como pruebas los testimonios de siete ex mandos de la constructora, así como 3 peritajes, 5 videos, un disco con 4 videos de los interrogatorios y otro con presentaciones de power point y transcripciones, pruebas derivadas de los mismos testimonios.
En una audiencia celebrada el pasado 17 de mayo, al juez de control Gerardo Alarcón López, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Lozoya pidió la nulidad de las pruebas y, como consecuencia, la cancelación del juicio por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado por el caso Odebrecht.
Alarcón, sin embargo, declaró improcedente la solicitud porque aseguró estar impedido por el código procesal para pronunciarse al respecto, ya que este tipo de peticiones deben ser resueltas durante el juicio por el juez con calidad de tribunal de enjuiciamiento.
Contra esta negativa, Lozoya presentó un amparo ante Sandra Leticia Robledo Magaña, Juez Primero de Distrito en esa materia, alegando la violación a los principios de legalidad y congruencia, porque en su opinión el juez de control dictó un fallo carente de fundamentación y motivación.
Según informes judiciales, en su demanda, el ex funcionario se quejó de que el juez Alarcón desestimara la solicitud de sobreseimiento o cancelación del juicio, sin haber escuchado sus argumentos o ni siquiera haber planteado formalmente su petición.
Los testimonios que Lozoya pidió anular son los de Marcelo Bahía Odebrecht, ex presidente de Odebrecht; Luis Alberto de Meneses Weyll, ex director de la filial en México; y Luis Antonio Mameri, ex vicepresidente para América Latina y Angola.
También los de Hilberto Mascarenhas Alves Da Silva Filho y Fernando Miglaccio Da Silva, ex jefes del Departamento de Operaciones Estructuradas; y Olivio Rodrigues Junior “Gigolino” y Luis Eduardo Da Rocha Soares, operadores financieros de dicho departamento.
Igualmente, solicitó anular 3 periciales y documentales relacionadas con dichos testimonios.
El argumento es que todas estas pruebas derivan del acuerdo de Lenidad o Clemencia del 1 de diciembre de 2016, celebrado entre Odebrecht y la Procuraduría General de Brasil.
Y ese acuerdo fue anulado el 6 de septiembre de 2023 por el Tribunal Supremo de Brasil, con efectos para todas las jurisdicciones, es decir, para todos los países que usen estas evidencias en sus acusaciones penales por el caso Odebrecht.
El tribunal brasileño invalidó ese acuerdo porque fue suscrito fuera del marco legal vigente y además sentenció que no sólo eran ilegales las pruebas obtenidas mediante dicho convenio, sino aquellas que hayan derivado del mismo.
En el caso Odebrecht, el pasado 13 de marzo, el juez Alarcón dictó el auto de apertura de juicio a Lozoya y su madre Gilda Margarita Austin y Solís, contra quienes la FGR pidió condenas de 46 años con 6 meses de prisión y 21 años con 3 meses de cárcel, respectivamente.
Sin embargo, el juicio no se llevará a cabo hasta que concluyan los amparos y apelaciones presentados por las partes contra la exclusión e inclusión de las pruebas.
Este es uno de los dos expedientes judiciales. El otro que tiene pendiente es un proceso por lavado de 3.4 millones de dólares por el caso Agronitrogenados.
