En la comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados fueron aprobadas dos reformas más del llamado Plan C del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Con el respaldo de la oposición, Morena empujó por unanimidad el dictamen alusivo a la austeridad republicana, para que ningún funcionario público perciba más que el salario que recibe el Ejecutivo, un monto de casi 137 mil pesos al mes, de acuerdo con el artículo 127 constitucional.
Los diputados también aprobaron el dictamen con el que el Estado, en los hechos, asuma el derecho de uso de vías férreas para prestar el servicio de transporte de pasajeros, aunque en este apartado la bancada panista votó en contra.
Morena ha aprobado, en menos de diez horas, seis de los 18 dictámenes que componen el Plan C. El diputado Juan Ramiro Robledo, presidente de la comisión de Puntos Constitucionales, informó que propondrá a los coordinadores parlamentarios que sean aprobados tres más el viernes 9 de agosto y otros dos en fecha posterior.
A partir del 15 de agosto, serán revisados los dictámenes que tienen que ver con la desaparición de los órganos públicos y la reforma al Poder Judicial.
En relación con la austeridad republicana, los panistas y los priistas exigieron que sea efectiva, mientras que el PT y Morena celebraron que finalmente quedará asentada en la Constitución.
“Estamos ante una redundancia obligada porque ha habido funcionarios del Poder Judicial que se han negado a ajustar sus ingresos a lo que dice la Constitución”, acotó el diputado petista Gerardo Fernández Noroña.
En el dictamen aprobado, los morenistas recordaron que el ex Gobernador panista de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat tenía un salario mensual de 242 mil pesos, en tanto que el priista Enrique Peña Nieto, percibía 203 mil pesos mensuales como Gobernador del Estado de México y el tamaulipeco Eugenio Hernández, también del PRI, ganaba 178 mil pesos al mes.
Morena también resaltó en el dictamen aprobado que la Suprema Corte de la Nación “sigue incumpliendo el mandato constitucional”, puesto que sus funcionarios “perciben salarios por encima del límite constitucional”.
“Es necesario llevar el principio de austeridad republicana al texto constitucional para que este valor fundamental del servicio público pueda permear en todos los Poderes de la Unión y de las entidades federativas,en todos los niveles de Gobierno, y en todos los órganos, dependencias y organismos públicos, incluso a través de la expedición de una ley general en la materia por parte del Congreso de la Unión que retome las bases hoy vigentes en la Ley Federal de Austeridad Republicana”, se planteó.
El dictamen establece que “los ahorros que se generen en los presupuestos de egresos que correspondan como resultado de la aplicación de las medidas de austeridad republicana y el ajuste de las remuneraciones de las personas servidoras públicas, se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar”.
Por el PAN, el diputado Jorge Triana dijo que sí hay Ministros de la Corte que se niegan a ajustar sus remuneraciones, e hizo notar que el ex Ministro presidente Arturo Zaldívar –hoy en el equipo de la próxima Presidenta, Claudia Sheinbaum– gana 192 mil pesos al mes “por hacer absolutamente nada”.
“Le pagamos tres meses anteriores por hacer campaña en favor de la hoy Presidenta electa, y por eso hay que agarrar parejo, no nada más a los que no nos gustan”, alegó.
El primer dictamen aprobado propone una modificación al artículo 28 constitucional para que el Estado reasuma su tarea en cuanto a transportar pasajeros.
“Los servicios públicos deben brindarlos la autoridad pública y no deben ser concesionados: no está para hacer negocios sino para prestar servicios”, explicó el diputado morenista Juan Ramiro Robledo.
El diputado panista Miguel Rodarte aseguró que no hacía falta modificar el artículo 28 constitucional. La medida, dijo, obedecía a que el Presidente quería ponerle “nombre y apellido por seis años”.
Su correligionario Héctor Saúl Téllez advirtió del riesgo que pueden correr los concesionarios del servicio de carga.
