La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó su tercera entrega de la Cuenta Pública 2023 y detectó irregularidades por más de 51 mil millones de pesos en el quinto año de gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Este monto corresponde a observaciones realizadas en las tres entregas de la auditoría del año pasado.
Durante su comparecencia ante diputados, el titular de la ASF, David Colmenares Páramo, informó que solo —en su último informe se corroboró— un monto sin aclarar de más de 48 mil millones de pesos.
“La cifra es respecto al Sistema Subnacional de Gobierno y prácticamente el doble de la determinada en la Cuenta Pública pasada (…) esto se explica por la mejora de nuestros procedimientos de auditoría, pero principalmente por la implementación de nuevas tecnologías de la información e inteligencia artificial”, destacó Colmenares Páramo.
Asimismo, —mediante el Informe consolidado de la ASF—. La matriz de datos básicos señala que el monto sin aclarar en el proceso de seguimiento es de 43 mil 206 millones de pesos. Hasta ahora, el monto recuperado asciende a 930 millones de pesos.
ASF detecta irregularidades en penúltimo año del gobierno de López Obrador
Sobre las auditorías al sector público federal, la ASF detectó un monto por aclarar de más de 8 mil 599 millones de pesos.
“De los cuales más del 80% de este monto se encuentra relacionado con entes como Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), IMSS, Pemex y Fonatur, por mencionar algunos”, indicó Colmenares Páramo.
Por igual, también detalló que el 16 por ciento corresponde a empresas productivas, subsidiarias y de control directo del Estado. Mientras que el 4 por ciento está vinculado a las secretarías de Estado del gobierno federal.
En cuanto a las auditorías forenses, Colmenares Páramo resaltó que por primera vez se están aplicando en entes. En los cuales, antes no habían sido revisados con este nivel de profundidad.
“Del orden federal destacan Diconsa, el Instituto Nacional de Migración, el IMSS y el INAI; en el orden estatal, poderes judiciales locales, dos universidades autónomas y los Servicios de Salud de dos entidades federativas“, explicó.
De estas revisiones, la ASF determinó que hay más de 6 mil 700 millones de pesos por aclarar
“Ahora bien, es de suma importancia tomar en consideración que todos los resultados con posible daño patrimonial pasan a una segunda etapa de fiscalización en la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación”, señaló el auditor.
—Dicho de otro modo, en esta fase, se definirán si las observaciones se aclaran o si es necesario— iniciar investigaciones, presentar denuncias penales y procedimientos resarcitorios. En contra de los funcionarios responsables.
