A pesar de haber pasado por los filtros de evaluación, aspirantes a cargos judiciales para las elecciones de junio próximo tienen denuncias penales. Incluso, uno de ellos ya cuenta con una sentencia.
Uno de los casos más destacados es el de Francisco Martín Hernández Zaragoza, quien quedó destituido en 2015 por un caso de acoso sexual en el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal de Jalisco. A raíz de este hecho, se le impuso una sanción definitiva.
Otro caso es el de Jacqueline Betancourt Silva, Jueza Segunda de Distrito en la Ciudad de México. Betancourt quedó grabada mientras secuestraba a uno de sus trabajadores y le exigía su renuncia, por lo que el Consejo de la Judicatura Federal la suspendió de su cargo.
Además, Andrés Montoya García, ex administrador penitenciario en Sonora y candidato a magistrado en la misma entidad, enfrenta una investigación por su posible participación en la desaparición del periodista José Alfredo Jiménez Mota, quien investigaba el tráfico de drogas de los Beltrán Leyva.
Denuncias penales y sentencias afectan a aspirantes judiciales
—En este mismo contexto—, Edgar Agustín Rodríguez Beiza, candidato a juez penal en la Ciudad de México. Enfrenta acusaciones de abuso sexual y fue suspendido por abusos laborales.
Finalmente, Nicollino Cangiamilla, candidato a magistrado federal en Sonora, enfrentó señalamientos por violaciones a derechos humanos durante su tiempo como administrador penitenciario. A pesar de los filtros, estos aspirantes continúan en la lista para los comicios del mes de junio.
