Ocho municipios gobernados por la oposición y tres organizaciones civiles ya dieron el primer paso legal contra la nueva Ley General de Transparencia (LGT), promovida por Morena y sus aliados.
La nueva ley reglamenta la reforma constitucional que eliminó al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y a los órganos locales de transparencia, para dar paso a un modelo centralizado bajo control del Gobierno federal.
El pasado 6 de mayo, los Municipios de Hermosillo, Morelia, Atizapán, Chihuahua, San Luis Potosí, San Nicolás de los Garza, San Juan de los Lagos y la Alcaldía Miguel Hidalgo. Presentaron ante la Suprema Corte de Justicia controversias constitucionales contra la nueva normativa.
Por otro lado, organizaciones como Artículo 19, la Red en Defensa de los Derechos Digitales y México Unido contra la Delincuencia también interpusieron demandas de amparo. Estas ya fueron admitidas por jueces federales en materia administrativa.
La reforma aprobada por Morena eliminó al INAI. Un órgano autónomo, y dejó la regulación en manos de la nueva Ley General de Transparencia, que creó una figura llamada Transparencia para el Pueblo. Esta oficina dependerá de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), y su titular podrá ser nombrado y removido libremente por la presidenta Claudia Sheinbaum. En los estados, la responsabilidad recayó en las Contralorías.
Municipios de oposición y ONGs impugnan Ley de Transparencia
En la Suprema Corte, los tiempos no favorecen una resolución pronta. Desde el 16 de abril, los casos que no se consideran urgentes ya no se asignan a ministros para su análisis. Como las controversias no incluyen una solicitud de suspensión. Deberán esperar turno hasta septiembre, cuando arranque el nuevo ciclo de la Corte que será definida en las elecciones del 1 de junio.
“La LGT viola la Constitución y los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales de los cuales es parte el Estado Mexicano”, afirman los municipios inconformes que buscan que se declare inválido todo el decreto.
En caso de que la Corte les dé la razón. La sentencia solo aplicaría a esos municipios, y bastaría el voto de cinco de los nueve ministros que integrarán el nuevo Pleno.
Por su parte, los amparos presentados por las ONGs apuntan a artículos específicos de la ley. México Unido, por ejemplo. Impugna el diseño que coloca a las autoridades garantes bajo control de los poderes ejecutivos y también algunas causales para clasificar información como reservada.
—En tanto—, Artículo 19 cuestiona que se considere confidencial cualquier información relacionada con denuncias contra funcionarios, el traspaso de la Plataforma Nacional de Transparencia a la SABG y la suspensión de seis meses de todos los juicios sobre transparencia.
Aunque los jueces ya están revisando estos recursos, cualquier resolución favorable deberá pasar por la nueva Corte. Además, con las reformas impulsadas por Morena, si los amparos se resuelven a favor, solo beneficiarían a las organizaciones que los promovieron.
