La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acaba de marcar un precedente importante: las fiscalías estatales ya no podrán revisar cuentas bancarias sin autorización de un juez.
Con cuatro votos a favor y uno en contra, la Primera Sala de la Corte declaró inconstitucional un artículo de la Ley de Instituciones de Crédito, el 142, fracción II. Que obligaba a los bancos a entregar información financiera a las fiscalías estatales y de la Ciudad de México. Esto, sin necesidad de una orden judicial.
Este fallo retoma una postura que la misma Sala había adoptado desde 2017, cuando consideró ilegal que la extinta PGR accediera a estos datos de forma directa. La decisión fue respaldada por el Pleno de la Corte en 2019, pero en ese entonces por un margen muy cerrado: seis votos contra cinco.
SCJN declara ilegal revisar cuentas bancarias sin juez
La mayoría de ministros explicó que:
“A fin de evitar una violación al derecho fundamental a la vida privada de todo gobernado (del cual es parte el secreto bancario o financiero, aun cuando se trate de una persona sujeta a una investigación penal), es necesario que el Ministerio Público local acuda ante la autoridad judicial a efecto de que le autorice requerir a las instituciones financieras la información”.
El único voto en contra fue del ministro Jorge Pardo
Este criterio, —al haber sido respaldado— por cuatro de cinco ministros, se convierte ahora en jurisprudencia obligatoria. Es decir, todos los jueces del país tendrán que seguirlo en casos parecidos.
El caso que detonó esta decisión es el de Mayra Mayorga Osnaya, quien terminó sentenciada en abril de 2023 a ocho años y cinco meses de cárcel por un fraude relacionado con el cobro de rentas. También se le había ordenado pagar más de un millón de pesos como reparación del daño.
A su vez, con este nuevo fallo, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México tendrá que volver a sentenciarla. Pero sin tomar en cuenta sus estados de cuenta bancarios. Solo se podrán valorar las otras pruebas presentadas por la fiscalía.
—Esto significa— que el tribunal podría volver a condenar a Mayorga o dejarla en libertad, según el peso que tengan sus movimientos bancarios en el caso.
Ella, por su parte, ha dicho que su encarcelamiento. Fue producto de presiones de su exjefe, David Jiménez González, exdiputado y exembajador de México en Honduras. Y dueño de los inmuebles involucrados en el fraude.
