Alejandra Cuevas Morán, quien fue exonerada por la Suprema Corte tras pasar 528 días en prisión, presentó una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que responsabiliza al Estado mexicano por lo que considera graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra ella y su familia.
—Mediante un mensaje difundido en redes sociales—, Cuevas acusó al Fiscal General Alejandro Gertz Manero de haber encabezado una persecución política y judicial que los obligó al exilio.
“Este caso es un espejo de lo que puede suceder cuando el sistema de justicia se convierte en arma del poder político, no es sólo una historia mexicana, es una advertencia continental sobre los riesgos de impunidad, la manipulación judicial y la persecución disfrazada de legalidad”, declaró Cuevas, quien estuvo acompañada por su hijo Gonzalo Castillo Cuevas y el activista Adrián LeBarón.
—Con su denuncia—, busca que la CIDH reconozca la responsabilidad internacional del Estado mexicano y recomiende medidas para reparar el daño.
“Por eso denuncio hoy al Estado mexicano ante esta honorable comisión y solicito que declare su responsabilidad internacional por las graves violaciones de derechos humanos que sufrimos y que recomiende las medidas necesarias para restituirnos en lo posible la dignidad, el proyecto de vida y la protección que nos fueron negadas”.
Cuevas es hija de Laura Morán Servín, quien fue pareja sentimental de Federico Gertz Manero (hermano del Fiscal) durante más de cinco décadas. Ambas terminaron acusadas penalmente por el titular de la FGR por presunta negligencia en la muerte de su hermano, ocurrida en 2015.
CIDH recibe denuncia contra el Estado Mexicano
El 16 de octubre de 2020, Alejandra quedó detenida e ingresada al penal de Santa Martha Acatitla. Sin embargo, la Suprema Corte ordenó su liberación en marzo de 2022, tras determinar que no había sustento en las acusaciones, y canceló también la orden de aprehensión contra su madre.
“Fui víctima de una detención arbitraria, consecuencia de una persecución institucional encabezada por Alejandro Gertz Manero, actual y primer Fiscal autónomo de México”, señaló Cuevas, al tiempo que explicó que fue encarcelada sin pruebas, sin un juicio justo y acusada por una figura jurídica inexistente.
Además, también dijo:
“Fui privada de la libertad no por cometer un delito, sino por representar una amenaza simbólica para quien detenta el poder, mi encierro no fue un error ni una omisión, fue un acto deliberado ejecutado con precisión por instituciones que traicionaron su mandato constitucional y se pusieron al servicio de la venganza, pero no fui la única: mi madre Laura Morán Servín, de 94 años, también fue criminalizada sin sustento legal”.
Cuevas aseguró que la persecución afectó profundamente a su familia, al punto de obligarlos a abandonar el país.
“Tras mi liberación, lejos de recuperar la paz, mi familia y yo nos vimos forzados a abandonar el país, vivimos en el exilio, en tierra ajena, marcados por el miedo, el desarraigo y la sensación de que nuestra libertad sigue siendo condicional”.
Afirmó que recurrió a la CIDH porque en México no encontró justicia, sino castigo y abuso de poder.
“Dos mujeres adultas mayores fuimos perseguidas por haber cuidado, por haber amado, tres generaciones fuimos quebradas por un sistema que cuando abandona el derecho, convierte a la ley en arma. La persecución que viví quebró el proyecto de vida no sólo mío sino de mis hijos y nietos, ellos como yo fueron desplazados, estigmatizados, y emocionalmente devastados, perdieron estabilidad, empleos, vínculos, y un sentido básico de seguridad y futuro”.
Y concluyó:
“Esto no es solo mi causa, es la causa de miles de personas que no tienen micrófono, abogados ni redes de apoyo, a todas ellas las llevo en la voz y en mi corazón, por ellas estamos aquí y por ellas no vamos a callar, esta comisión representa el último muro ante el autoritarismo y si no nos escuchan aquí ¿dónde?”.
