El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó su primer informe relacionado a las denuncias contra 13 aspirantes al Poder Judicial, señalados —por posibles— faltas a la iniciativa 8 de 8 contra la violencia. —Por ahora—, el organismo no encontró pruebas suficientes, las cuales permitan retirarlos de la contienda.
El documento, que aún es un reporte preliminar, —provocó inquietud— entre algunas consejerías. Las cuales pidieron profundizar las investigaciones antes de presentar resultados definitivos el próximo 15 de junio.
Entre los casos reportados se encuentran tres deudores alimentarios, tres por violencia familiar y uno más por violencia familiar equiparada. También hay una denuncia por violación a una menor, una por delitos sexuales, otra por violencia política contra mujeres. Una más por hostigamiento laboral y otro caso por pérdida de derechos político-electorales.
Las candidaturas analizadas buscan distintos cargos: una para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cinco para magistraturas de circuito, cinco para juzgados de distrito, una para una Sala Regional del TEPJF y una más para el Poder Judicial local.
El INE ha recibido hasta ahora 38 denuncias contra 26 aspirantes, enviadas por personas ciudadanas y organizaciones de la sociedad civil.
A través de la sesión, la consejera Carla Humphrey expresó su preocupación por los resultados del informe:
“Hay casos que, por la gravedad de la conducta denunciada, ameritan una investigación más exhaustiva en los que no solamente se prevea un requerimiento, sino varios, los cuales permitan conocer y valorar la información con la que cuentan las autoridades a quienes estamos requiriendo”.
Uno de los casos más graves incluye a una persona denunciada por violar a una menor de edad, que incluso podría tener una orden de aprehensión. La consejera explicó:
“En ese caso en particular, requerimos a información, al Tribunal Superior de Justicia y a la Fiscalía General de la entidad, no obstante, a la fecha de presentación de este informe, no se ha tenido respuesta por parte de las autoridades”.
INE: sin pruebas firmes contra aspirantes al Poder Judicial
Por su parte, la consejera Dania Ravel destacó que muchas veces las investigaciones no avanzan porque las autoridades no responden a los requerimientos. Esto, a pesar de que la ciudadanía sí aporta información importante. También recordó que el INE no sólo revisa la 8 de 8, sino que también verifica si las personas están prófugas o tienen una sentencia que suspenda sus derechos políticos.
Aclaró, sin embargo, que mientras no haya una sentencia firme, no se puede anular una candidatura:
“No se deben generar falsas expectativas”, señaló.
Un caso en curso es el de un aspirante a la Sala Regional del TEPJF, denunciado por ser deudor alimentario. Según Ravel, hay un convenio de pago que no fue cumplido. Y la contraparte incluso pidió que se retuviera el salario del implicado para cubrir la pensión:
“Se advierte que hay un convenio que se hizo para determinar el pago de estas obligaciones alimentarias. Sin embargo, se puede advertir de la investigación que este convenio no fue cumplido porque la persona contraparte en ese juicio familiar también solicitó a la persona juzgadora que se giraran oficios para retener el salario correspondiente a la pensión alimenticia”.
Aunque el informe no reveló nombres, las autoridades seguirán recabando datos para determinar si existen motivos legales para invalidar alguna de estas candidaturas. El resultado final se conocerá a mediados de junio.
