Organismos empresariales de alto nivel dieron a conocer su desacuerdo con la propuesta del Infonavit que busca regularizar la ocupación ilegal de viviendas a través de esquemas de arrendamiento con opción a compra, respaldados por subsidios.
Mediante un comunicado conjunto, la Coparmex, Concamin, Canaco CDMX, AMIB, Comce y el CNET —afirmaron que el Infonavit fue creado para proteger el patrimonio de los trabajadores—. No para validar ocupaciones irregulares ni beneficiar a quienes han tomado propiedades que no les pertenecen.
Según datos de la Secretaría del Bienestar, de las 168 mil viviendas censadas —de un total de 843 mil—. El 86 por ciento está ocupada por personas sin relación legal alguna con el Instituto ni con los dueños originales.
Las organizaciones —fueron claras al señalar su rechazo— a la propuesta del director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, que contempla legalizar estas ocupaciones irregulares.
“Esta medida contradice el mandato legal del Instituto y amenaza con institucionalizar la ilegalidad, poniendo en riesgo los ahorros de millones de trabajadores que aportan a este fondo. Pretender que estos ocupantes puedan adquirir los inmuebles, por debajo de su valor real, representa un grave precedente”, resaltaron.
Infonavit: organismos empresariales rechazan legalizar invasiones
Asimismo, lanzaron una advertencia sobre que permitir este tipo de esquemas significaría legitimar la ocupación ilegal de viviendas; que no se puede construir certeza jurídica basándose en interpretaciones posteriores.
“La certidumbre jurídica no puede depender de interpretaciones posteriores, sino de políticas claras, legales y plenamente alineadas con el interés de los trabajadores y el marco constitucional”, expusieron.
Igualmente, —recordaron— que durante la administración anterior ya se había frenado el desalojo de acreditados con pagos vencidos. Pero ahora, dijeron, se pretende aplicar ese criterio a personas que invadieron propiedades. E incluso cuando estas aún pertenecen a quienes han cumplido con sus pagos o tienen adeudos vigentes.
“Esto representa una vulneración directa al derecho de propiedad y mina la certeza jurídica en nuestro país”, dijeron.
