La Presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei presentó —sin previo consenso— una propuesta de reforma electoral que pretendía entregar el próximo lunes a la Presidencia de la República. La iniciativa tomó por sorpresa a los consejeros y, lejos de avanzar, terminó retirada.
Al menos ocho consejeros rechazaron el planteamiento, al señalar que incluía ocurrencias, carecía de acuerdos internos e incluso contenía aspectos ilegales. Por ello, la presidenta del INE decidió suspenderla.
La secretaria ejecutiva, Claudia Espino, envió a nombre de Taddei dos documentos a los 10 consejeros: uno de 140 páginas con propuestas legislativas y otro de 429 páginas con un listado de pendientes que el Instituto debe reglamentar en elecciones futuras.
Ambos textos quedaron descartados. Los consejeros reclamaron que sólo resumían los foros en los que participaron delegados del INE en los estados, distritos, funcionarios de diversas áreas y OPLES. Sin orden ni sustento jurídico suficiente.
INE frena propuesta de Guadalupe Taddei sobre reforma electoral
Frente a las críticas, Taddei aceptó que el material fuera considerado únicamente un insumo para construir la propuesta final del organismo. Además, acordaron que el documento definitivo será entregado a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral el próximo 12 de enero.
El acuerdo aprobado el miércoles fija varios pasos: el día jueves las 11 consejerías enviaron sus observaciones; el 16 de diciembre se reunirán para analizar las propuestas, y el 18 de diciembre el tema se turnará al Consejo General.
¿De qué trataba el documento?
La propuesta elaborada por la Dirección Jurídica del INE incluía medidas como volver obligatoria la participación de quienes terminaron seleccionados como funcionarios de casilla. Ya que actualmente es opcional. En la elección pasada, el 43.8 por ciento de quienes habían aceptado el cargo renunciaron y tuvieron que ser sustituidos.
Sin una redacción del todo clara, también se infería que los ciudadanos estarían obligados a acudir a votar. El documento sugería además modificar alrededor de veinte aspectos relacionados con la elección del Poder Judicial: los requisitos para aspirantes, el funcionamiento del Comité de Evaluación, el financiamiento y posibles sanciones.
Otro punto relevante era la creación de un Fondo Nacional de Distribución Equitativa para los Organismos Públicos Locales, administrado por el INE. Con el fin de asegurar recursos para las tareas sustantivas del Instituto en comicios locales. Hoy, ante los recortes, varios OPLES se endeudan con el INE y en ocasiones enfrentan dificultades para concluir procesos esenciales.
