El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declaró inconstitucional una norma de Sinaloa que permitía interrumpir el embarazo sin el consentimiento de una mujer cuando se consideraba que estaba “imposibilitada” para decidir, y dejaba esa determinación en manos de “la persona legalmente facultada”.
Dicho proyecto, elaborado bajo la ponencia de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, a su vez concluyó que esa disposición afectaba derechos. Tales como el libre desarrollo de la personalidad, la autonomía reproductiva y la no discriminación de mujeres y personas gestantes. En particular, señaló el impacto en quienes viven con discapacidad. Porque la regla abría la puerta a que terceros sustituyeran su propia voluntad en una decisión “profundamente personal”.
Durante la sesión del Pleno del pasado lunes 16 de febrero. La ministra explicó que el asunto se originó en 2022, cuando dos organizaciones civiles promovieron un amparo contra el artículo 158 estatal, que establecía lo siguiente:
“No será necesario el consentimiento de la mujer o persona gestante, en los casos en que estas personas se encuentren imposibilitadas para otorgarlo por sí mismas”.
—De acuerdo con lo expuesto—, el juzgado inicialmente desechó el caso; sin embargo, en la revisión se reconoció la legitimación de una de las asociaciones y el asunto llegó al Alto Tribunal. Asimismo, más adelante, en octubre del año 2023, la extinta Primera Sala declaró inconstitucional esa porción normativa porque “transmitía un mensaje discriminatorio y reproducía estereotipos sobre personas con discapacidad”.
Adicionalmente, mediante ese análisis, se consideró que la norma sustituía indebidamente la voluntad de la mujer. Algo incompatible con la autonomía, la igualdad y la capacidad jurídica. Después de esa resolución, se notificó al Congreso de Sinaloa para corregir la disposición. Pero, una vez transcurridos los 90 días hábiles que marca la Constitución, no se realizaron cambios en la legislación local.
Embarazo sin consentimiento, ya no puede aplicarse: SCJN
Por eso, el Pleno de la nueva Corte —determinó— la invalidez con efectos generales. Todo ello, al no haberse corregido el vicio que sí había sido notificado al Congreso local. En un comunicado tras la sesión, la Corte dio a conocer que:
“Con esto, ninguna autoridad puede volver a aplicar esa regla para decidir por ellas en materia de interrupción del embarazo […] Se reafirma que las decisiones sobre el propio cuerpo y la maternidad no pueden ser impuestas por terceros, incluso bajo la apariencia de protección”.
—Mediante redes sociales—, la ministra Loretta Ortiz celebró la resolución y señaló que la respuesta del Estado no debe ser reemplazar las decisiones de las personas con discapacidad, sino brindar apoyos para que ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones. Además, afirmó que este tipo de determinaciones fortalecen la eficacia real de las sentencias de la Corte. Ya que las declaratorias generales evitan que cada caso tenga que litigarse de nuevo mediante amparos.























