Desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, legisladores del grupo parlamentario de Morena hicieron un llamado urgente a tomar medidas más efectivas para frenar el tráfico de armas provenientes de EU hacia México. Señalaron que este flujo ilegal de armamento es una de las principales causas de la violencia que afecta al país.
El diputado Jesús Valdés Peña detalló que las armas de fuego están involucradas en el 70 por ciento de los delitos cometidos en México. Y que, según las propias autoridades estadounidenses, el 78 por ciento de este armamento tiene su origen en territorio de EU.
Recientemente, operativos como el realizado en Jalisco, el fin de semana pasado, han evidenciado la entrada de armas de alto calibre. Lo que ha causado un gran temor y angustia entre la población civil, afectando gravemente tanto la seguridad nacional como el tejido social.
Morena exige frenar el tráfico de armas desde EU; el costo humano y la batalla legal
Ante esto, la diputada María Rosete resaltó el impacto humano del tráfico de armas. Con ello, señalando que detrás de este problema están las madres que entierran a sus hijos y las comunidades que viven bajo el constante peligro de los disparos.
“Alguien las fabrica y alguien permite que crucen la frontera”, expresó, al hacer referencia a las empresas estadounidenses que se benefician económicamente mientras las colonias mexicanas sufren las consecuencias.
A su vez, los legisladores recordaron que México ya ha iniciado una acción legal histórica contra los fabricantes y distribuidores de armas en tribunales de EU. De esta forma, acusándolos de prácticas negligentes que facilitan la distribución ilegal de armamento a grupos criminales.
Reformas y el papel de la justicia internacional
Asimismo, en respuesta a este grave problema, la diputada Selene Ávila Flores informó que ya se están preparando reformas al marco legal en áreas de seguridad pública y nacional. Además, hizo un llamado a la ciudadanía para estar atenta a la opinión consultiva. La cual, emitirá la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el próximo jueves 5 de marzo.
Esta opinión, solicitada por la Cancillería mexicana, a su vez, tiene como objetivo determinar la responsabilidad de los Estados y las empresas privadas en la protección de los derechos humanos frente al comercio descontrolado de armas. Con estas acciones, los legisladores buscan pasar de los discursos a una verdadera prevención y justicia para las víctimas del tráfico ilegal de armamento.
