Amnistía Internacional pidió que la crisis de desapariciones en México sea declarada una emergencia nacional. Lo hizo en una carta enviada al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, en la que respalda la activación del Artículo 34 de la convención internacional.
La organización advirtió que la dimensión del problema exige una respuesta urgente del Estado. Señaló que en el país hay más de 133 mil personas desaparecidas, más de 72 mil cuerpos sin identificar y una impunidad de 99.6 por ciento.
De igual modo, destacó otros datos que muestran la gravedad de la situación. Entre ellos, mencionó la existencia de más de 2,341 colectivos de familiares que buscan a personas desaparecidas y el hallazgo de 5,696 fosas clandestinas. Además, indicó que desde el lejano año 2006 se han registrado 118,207 personas desaparecidas y no localizadas, una cifra que representa el 89 por ciento del total actual.
En la carta, Amnistía Internacional consideró como un “hito histórico” la decisión del Comité de la ONU de activar este procedimiento internacional. A su juicio, se trata de una vía que abre un canal de diálogo directo con el Estado mexicano. Ante una crisis que, —afirmó—, ha sido minimizada.
Alerta Amnistía Internacional por desapariciones en México
La organización igualmente cuestionó la narrativa “oficial” que atribuye las desapariciones solo al crimen organizado. Por ello, advirtió que hay casos en los que estos grupos operan con autorización o aquiescencia de autoridades. Así como otros en los que servidores públicos participan de forma directa.
A esto sumó su preocupación por recientes cambios institucionales que, dijo, podrían debilitar el acceso a la justicia y a la información pública, en medio de un contexto de impunidad casi absoluta.
Asimismo, en sus conclusiones, Amnistía sostuvo que en México las desapariciones ocurren de forma generalizada y sistemática. Con ello, insistió en que la impunidad sigue siendo el principal factor que mantiene esta crisis.
—Entre sus principales exigencias—, planteó declarar la crisis como emergencia nacional. Con resultados medibles, reconocer y proteger a los colectivos de búsqueda y a las familias, y aceptar asistencia técnica internacional para fortalecer la justicia.
La organización también denunció el riesgo que enfrentan las mujeres buscadoras, quienes durante su labor son víctimas de amenazas, agresiones e incluso asesinatos.
