El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum señaló este lunes que Estados Unidos no respetó la confidencialidad del procedimiento relacionado con Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y otros nueve funcionarios, luego de que se diera a conocer una acusación de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y una solicitud de extradición.
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que la reserva en este tipo de procesos busca proteger el debido proceso y la presunción de inocencia. Según dijo, también evita:
“La exposición mediática prematura que pueda sesgar a las autoridades y contaminar pruebas”.
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Alcalde sostuvo que la divulgación del caso generó consecuencias públicas antes de que existiera una resolución formal.
“En este caso, dicha confidencialidad se violentó provocando un linchamiento mediático y que los medios de comunicación hayan emitido ya un juicio sobre las 10 personas mencionadas”, aseguró durante la conferencia matutina.
La funcionaria indicó que este principio está contemplado en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, afirmó que la solicitud de detención provisional con fines de extradición debió enviarse por los canales correspondientes y “de manera confidencial”.
En ese contexto, Luisa María detalló que la Fiscalía General de la República (FGR) ya remitió una opinión a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Según explicó, el gobierno busca pedir a Estados Unidos que mantenga la reserva del procedimiento para proteger las garantías legales de las personas mencionadas.
Alcalde también aclaró que, hasta ahora, no se han recibido elementos suficientes para concluir “que existe un riesgo de sustracción u obstaculización del proceso”.
