La Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), iniciaron este jueves las denominadas “mesas de justicia”, luego de que docentes denunciaran agresiones, robo y amenazas durante un operativo.
El encuentro se llevó a cabo en instalaciones de la Segob como parte de la llamada Mesa de Justicia Social. En donde participaron la secretaria general de la CETEG, Elvira Veleces Morales; docentes; la titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, Montserrat Matilde Rizo Rodríguez; y la comisionada ejecutiva de Atención a Víctimas, Marta Yuridia Rodríguez Estrada.
Durante la reunión se expusieron los hechos denunciados por los docentes. Mismos que señalaron que la situación deriva de un operativo policial previo.
“Esta mesa derivó de la represión perpetuada por elementos de la policía en contra de 10 integrantes de la CETEG que se encontraban en la Avenida Imán para iniciar una marcha. Cabe mencionar que durante el operativo de intimidación, los compañeros así como las compañeras fueron agredidos y agredidas física y verbalmente, fueron bajados a la fuerza de los carros de sonido para después ser despojados de sus celulares, carteras, credenciales, dinero y cualquier objeto de valor que poseían los compañeros”, expuso la sección de Guerrero.
Gobernación y CNTE activan “mesas de justicia” tras agresiones
También denunciaron que durante el operativo, “fueron golpeados, despojados de sus pertenencias y amenazados de muerte”.
Un día antes, tras una reunión con la titular de la Rosa Icela Rodríguez en la Segob. Elvira Veleces adelantó que se presentaría una denuncia ante las autoridades.
“Como CETEG exigimos justicia, reparación de los daños y castigo a los culpables”, reiteraron los docentes. Al recordar los hechos ocurridos el 1 de junio durante el inicio de su paro nacional. Cuando intentaron llegar al Zócalo de la Ciudad de México.
Al concluir la mesa de trabajo, Veleces responsabilizó tanto al gobierno capitalino como al federal de “cualquier cosa que le llegue a pasar a cualquier compañero de este movimiento”.
