Un juez federal dio un paso decisivo a favor de las familias que buscan a sus seres queridos en México. El Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México concedió una suspensión provisional que obliga a la Fiscalía General de la República (FGR) a recibir de inmediato las denuncias formales por desaparición presentadas por un grupo de 55 madres y familiares buscadoras, quienes mantienen un campamento de protesta afuera de las instalaciones de la dependencia.
El recurso legal de amparo, promovido por la organización Abogados Convencionalistas de México, beneficia directamente a las familias a las que el Ministerio Público se negó a atender el pasado 9 de septiembre.
La orden judicial: FGR debe recibir denuncias de madres de desaparecidos
A través de esta resolución judicial, se instruye a la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada a tomar las previsiones necesarias e informar al juzgado sobre el cumplimiento de la medida en un plazo máximo de 48 horas.
Esta decisión responde a la movilización de diversos colectivos como Buscando Cuerpos, Regreso a Casa Veracruz, Guerreras Buscadoras Jalisco y Resilientes MX. Sus integrantes se instalaron en plantón frente a la sede fiscal tras denunciar constantes trabas burocráticas para formalizar la búsqueda de sus allegados.
El juez fijó para el próximo 29 de septiembre la audiencia donde se resolverá si se otorga la suspensión definitiva, mientras que la audiencia constitucional sobre el fondo de la demanda se celebrará el 16 de octubre.
Por su parte, las familias afectadas urgieron a la representación social a acatar el mandato judicial sin interponer nuevos obstáculos procesales que prolonguen la revictimización del colectivo en la vía pública.
La orden judicial llega en un momento de creciente tensión entre los colectivos de búsqueda y la autoridad ministerial. La controversia comenzó por la negativa de la FGR a recibir las denuncias por comparecencia, detonante que provocó la instalación del campamento de protesta para exigir el cese de la revictimización institucional.
