Reclutamiento forzado tendría penas de 25 años en Tamaulipas. Las penas por reclutar personas para incorporarlas a organizaciones delictivas alcanzarán hasta los 25 años de cárcel. En una iniciativa que además reconoce de forma automática como forzada cualquier captación de niñas, niños y adolescentes.
La diputada federal Blanca Narro respaldó el dictamen que busca reconocer el reclutamiento criminal como un delito autónomo y reformar las leyes sobre trata de personas y justicia penal para adolescentes. La Cámara de Senadores analizará el documento para continuar con el proceso legislativo.
Durante su intervención, la representante popular se pronunció con firmeza sobre la necesidad de frenar estos abusos contra la infancia mexicana.
“La niñez no puede seguir siendo utilizada como carne de cañón por las organizaciones criminales. El Estado tiene la obligación de protegerla y actuar desde el primer intento de reclutamiento.”
Las sanciones básicas contempladas irán de 10 a 20 años de prisión. Para quien invite, induzca, sume o reclute a cualquier persona hacia las filas delictivas. Si durante este proceso se emplean coacciones, intimidaciones, amenazas, violencia física o moral, o abuso de poder, el castigo ascenderá de 15 a 25 años de cárcel.
En Tamaulipas, reclutamiento forzado enfrentaría penas más severas de prisión
Con esta modificación se busca subsanar el vacío normativo previo. El cual impedía actuar penalmente contra quienes reclutan hasta el momento en que las personas captadas ya habían cometido otros delitos.
La magnitud de la problemática se refleja tanto en lo local como en lo federal. En Tamaulipas, los registros de detenciones de adolescentes involucrados en delitos violentos y señalados por vínculos delictivos superan los 600 menores de edad.
A escala nacional, datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) alertan que entre 145 mil y 250 mil menores se encuentran bajo amenaza de ser integrados a estos grupos. Rodeados de entornos de abandono escolar, violencia intrafamiliar y control criminal en sus comunidades.
Por esta razón, la maestra y legisladora recalcó que se debe atender el origen y las circunstancias de cada caso al momento de impartir justicia.
“Cuando un adolescente es reclutado por la delincuencia, no podemos limitarnos a juzgar sus actos sin investigar primero las condiciones en las que fue captado y reconocer su condición de víctima.”
Bajo estas nuevas pautas, el Ministerio Público quedará obligado a informar a las procuradurías de protección cuando detecte sospechas de reclutamiento de menores. Garantizando que el sistema de justicia especializada los trate como víctimas y les brinde esquemas de atención orientados a su recuperación e inserción comunitaria.
La propuesta añade que los castigos podrán crecer hasta en un 50 por ciento si intervienen elementos de corporaciones de seguridad o servidores públicos. Así como si se abusa de la indefensión o vulnerabilidad de los afectados.
Los congresos de las entidades federativas tendrán un periodo de 180 días naturales para realizar las adecuaciones a sus leyes locales a partir de la vigencia del decreto. El proyecto de reforma aún debe ser debatido y aprobado en el Senado de la República antes de llegar a su publicación formal y entrada en vigor.
Te puede interesar: Farmacias de Tamaulipas prevén aumento en ventas de antigripales durante invierno
