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Hasta el mediodía del día miércoles, el Tribunal Electoral había recibido 29 impugnaciones contra el freno que el Instituto Nacional Electoral (INE) impuso a servidores públicos y autoridades como gobiernos y presidencia, quienes no pueden llamar a la participación ciudadana para la elección judicial programada para el 1 de junio.
La Presidencia de la República, el Senado y varios Gobiernos estatales —cuestionan— esta decisión, argumentando que el INE está interpretando incorrectamente la prohibición establecida por el Congreso.
—A su vez, los quejosos aseguran— que, aunque el Congreso aprobó una restricción para los funcionarios. Esta no es absoluta, y afirman que, dado que se trata de una elección inédita. Es fundamental que las autoridades hagan llamados a votar.
En el artículo 506 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. El Congreso prohíbe el uso de recursos públicos para la promoción de la elección de los integrantes del Poder Judicial. En línea con el artículo 134 de la Constitución.
A partir de esa disposición, el INE emitió un criterio el sábado pasado. El cual prohíbe el uso de recursos públicos por parte de servidores públicos y autoridades para promover el voto, la participación ciudadana y la difusión de los perfiles de los candidatos.
Sin embargo, los impugnantes argumentan que el artículo 134 de la Constitución. Solo prohíbe la promoción en caso de que las autoridades se pronuncien a favor o en contra de los candidatos. Pero no limita los llamados generales a la participación.
—En este sentido—, el Tribunal Electoral, ha señalado que las limitaciones a la propaganda gubernamental no impiden que los funcionarios participen en actividades para fomentar la participación. Esto, siempre y cuando se apeguen a las prohibiciones constitucionales y legales.
Los impugnantes también aseguran que —la medida del órgano electoral— viola la libertad de expresión de los servidores públicos y dificulta el fomento de una cultura cívica y democrática. En palabras de la Presidencia, esta decisión no garantiza las condiciones mínimas para que los ciudadanos participen de manera libre e informada en las elecciones.
4T y Gobiernos impugnan al INE por elección judicial
Durante la sesión del sábado, algunos consejeros del INE acusaron que los spots difundidos por la Presidencia. No eran neutrales y buscaban aprovechar políticamente la elección judicial, al vincularla con la 4T.
Los Gobiernos de los estados de México y Quintana Roo, también gobernados por el partido guinda. Han impugnado el acuerdo, argumentando que no se valoró la importancia de hacer un llamado a la participación. En un proceso histórico para la consolidación de la democracia.
Por su parte, el Senado, sostiene que es legal utilizar el tiempo de radio y televisión a disposición de los legisladores para promover la elección, y que los legisladores pueden difundir la información en sus redes sociales y en sus estados.
Finalmente, la 4T también prohibió la intervención de los partidos políticos en el proceso judicial. Por lo que el Tribunal Electoral determinará si Morena tiene personalidad jurídica para impugnar.
