Un grupo de 850 jueces de distrito, magistrados de circuito y ciudadanos han expresado su indignación hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), acusándola de claudicar, ser cómplice y de no actuar con valentía ante la reforma judicial impulsada por el actual régimen. Este proceso culminó con la eliminación de todos los juzgadores, lo que ha sido visto como un ataque a la independencia judicial en México.
El reproche proviene de aquellos que presentaron un amparo contra la reforma, el cual se concedió por un juez en Querétaro. Sin embargo, la SCJN no resolvió el caso en última instancia.
“Los ministros de la Corte tuvieron la oportunidad de defender la Constitución y no lo hicieron. Prefirieron atestiguar pasivamente la demolición del orden jurídico”, señalaron en un comunicado.
Este grupo critica la falta de acción de los ministros. Quienes, en lugar de hacer historia, se conformaron con administrar lo que consideran la decadencia del sistema judicial mexicano.
“Un ministro valiente, que debe ser reconocido, quedó aislado. Tres ministras mostraron la ignominia del servicio al poder, mientras que otro cedió vergonzosamente a las presiones por un cargo en el servicio exterior mexicano”, denuncian los quejosos.
En su comunicado, también recalcaron que la sociedad no olvidará esta pasividad de la Corte, y cuestionan qué responderán los ministros cuando sus descendientes les pregunten qué hicieron para defender la democracia.
Reforma judicial: jueces acusan a la SCJN de complicidad
Uno de los firmantes del amparo es el magistrado en retiro Leonel Castillo González, ex presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los quejosos subrayan que desde febrero de 2025 solicitaron a la Corte que resolviera el amparo debido a su importancia, pero no recibieron respuesta. En cambio, la presidencia de la Corte turnó el caso a la Primera Sala, que lo rechazó sin resolverlo.
El rechazo a la reforma judicial también se debe a la omisión de la Corte. Ante la constante campaña de desprestigio contra los jueces, acusados sin pruebas y amenazados por el oficialismo. Lo que ha debilitado al poder judicial para justificar finalmente la reforma. —Esta reforma elimina la carrera judicial y permite que el régimen seleccione a los nuevos jueces más por su cercanía que por su capacidad—.
Los firmantes señalan que los pocos jueces independientes que queden enfrentarán una presión insostenible, mientras que el acceso a la justicia imparcial será prácticamente una ilusión. Acusan a la Corte de no haber defendido la Constitución y de haberse plegado al poder político.
La crítica también apunta al exministro presidente Arturo Zaldívar. Quien, según los quejosos, se convirtió en un operador político del Ejecutivo, permitiendo la intromisión del presidente López Obrador en el Poder Judicial. A su vez, —los firmantes— consideran que la reforma judicial representa el mayor retroceso en la historia reciente. Además, afirman que los ministros de la Corte hicieron posible este cambio con su complicidad.
