México define su política de seguridad por decreto hasta 2030. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, publicó este viernes el decreto con el que se aprueba el Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2025-2030. Documento que marca la ruta de la política de seguridad durante su sexenio.
Decreto marca el nuevo modelo de seguridad en México hacia 2030
En el decreto, difundido en el Diario Oficial de la Federación, establece que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) será la encargada de implementar y operar el modelo de seguridad a lo largo de todo el periodo. Todo bajo la conducción del sector encabezado por Omar García Harfuch.
Asimismo, el plan será de observancia obligatoria para todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Lo que implica una coordinación directa entre las distintas áreas del gobierno federal.
En el documento se precisa que:
“La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con la participación que conforme a sus respectivos ámbitos de competencia les corresponda a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y Anticorrupción y Buen Gobierno, darán seguimiento a la implementación y cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción”.
De acuerdo con el decreto, la SSPC se consolida como el eje operativo del modelo de seguridad del sexenio. Al concentrar tanto el diseño como el seguimiento del programa, mientras que otras dependencias federales participan como instancias de apoyo y control.
La estrategia deriva del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y retoma los ejes que la presidenta Sheinbaum ha planteado desde el inicio de su administración: atención a las causas de la violencia.
Además del fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia. Junto con el respeto a los derechos humanos y coordinación interinstitucional.
Para finalizar, el decreto de ley en materia de seguridad señala que la ejecución del programa se realizará con cargo a los presupuestos aprobados en los Presupuestos de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal. Cuyo cumplimiento será supervisado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
