Suprema Corte defiende compra de camionetas blindadas. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, aseguró que la compra de nueve camionetas Grand Cherokee blindadas para ministras y ministros estuvo plenamente justificada y no respondió a una decisión arbitraria ni caprichosa.
Sus declaraciones se dieron un día después de que se informara que dichas unidades de transporte. Con un costo de 2.4 millones de pesos cada una, no serán utilizadas por la Corte. Serán destinadas a jueces federales en situaciones de riesgo o, en su caso, puestas a la venta.
En conferencia de prensa, el presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, afirmó que la decisión de no usar las camionetas —adquiridas a un precio menor al de mercado— demuestra que la Corte escucha y reacciona ante la opinión pública.
También subrayó que no tiene inconveniente en trasladarse “como cualquiera de ustedes” en Metro, autobús, en su propio automóvil o incluso a pie.
De igual manera, el ministro presidente detalló que, al cierre de agosto del año 2025, la Corte de Justicia contaba con 42 vehículos blindados adquiridos desde 2010.
Además, precisó que ministros salientes compraron cuatro de esas unidades como parte de su haber de retiro. Aunque no especificó quiénes las adquirieron ni el monto pagado.
La Suprema Corte justifica compra de camionetas blindadas ante cuestionamientos
Durante la conferencia, Arístides Guerrero volvió a criticar a administraciones anteriores. Señaló que se está auditando un acuerdo emitido durante la presidencia de Norma Piña sobre el tema de los vehículos.
“Díganme en qué trabajo permiten adquirir un precio mucho menor del que se encuentra en el mercado”, dijo en repetidas ocasiones Guerrero.
Aguilar respondió a esos señalamientos al aclarar: “No se las robaron, no se las llevaron”, y recordó que desde 2010 existe un acuerdo que reconoce el derecho de los ministros a contar con un vehículo blindado. El cual debe renovarse cada cuatro años debido al deterioro del blindaje y los problemas mecánicos que genera.
El presidente de la Corte también negó que las nuevas camionetas hayan sido emplacadas en Morelos y aclaró que fueron registradas en la Ciudad de México. Añadió que los riesgos de seguridad que motivaron la compra no estuvieron relacionados con amenazas directas, sino con incidentes viales.
Explicó que los actuales integrantes del máximo tribunal realizan viajes frecuentes los fines de semana al interior del país para escuchar a la ciudadanía y que, en meses recientes, se registraron fallas en los vehículos disponibles.
“Lo que tuvimos fueron incidentes de seguridad en el camino, yo en un viaje a Huejutla la camioneta se quedó a medio camino, se partió el rin, no era un vehículo para carretera”, relató.
Informó que los nuevos ministros acordaron dejar de utilizar 30 Suburban blindadas por considerarlas ostentosas y que actualmente se encuentra en proceso la venta de 21 vehículos modelos 2019 a 2021.
“No me sentí con derecho de decidir sobre la seguridad vial de compañeros y compañeras, por eso tomamos la decisión de solicitar al OAJ la adquisición de vehículos”, agregó.
“La decisión no fue subjetiva, caprichosa o arbitraria, está justificado, pero podemos andar como cualquier ciudadano común, podemos ir en autobús, vuelo, en nuestros propios vehículos”.
Hasta ahora, la Corte no ha publicado en su portal de transparencia el proceso de compra de las camionetas y mantiene sin actualizar sus contrataciones desde septiembre pasado, cuando inició la nueva integración.
Autoridades explican razones de seguridad y operación institucional
Asimismo, Insistió en que la austeridad no significa que la institución deba carecer de lo mínimo para operar. Para 2026, la Corte contará con el mismo presupuesto nominal que en 2025: 5 mil 208 millones de pesos.
“Si austeridad va a ser no gastar un peso, pues la Corte y el Poder Judicial se va a paralizar”, expresó.
“Austeridad implica responsabilidad en el uso del dinero del pueblo, sin afectar el funcionamiento de la institución. Entonces ahí tenemos un fondito para viáticos, sí, tenemos para combustible, ahí están los vehículos que hemos estado usando, ya atrasados, pero ahí están”.
A la conferencia asistieron seis ministros y ministras electos en junio pasado, pero no estuvieron presentes las tres que ya ocupaban el cargo. Dos se ausentaron por “cuestiones de salud” y otra, Loretta Ortiz, por un viaje oficial a Costa Rica.
También acudió el presidente del Órgano de Administración Judicial, Néstor Vargas, instancia que, tras la reforma de 2024, asumió la administración de la Corte. Una función que antes recaía en los propios ministros, principalmente en el presidente.
En el apartado presupuestal, Vargas informó que el Poder Judicial Federal busca gastar 6 mil 249 millones de pesos menos que en 2025. Lo que representaría un ahorro del 8.8 % del presupuesto total.
Detalló que se eliminaron el seguro de gastos médicos mayores para altos mandos. Con un costo de 191 millones de pesos; el de separación individualizada, por 684 millones; y 118 millones de pesos en apoyos por alimentos y gasolina.
Se recortaron 561 millones de pesos en papelería, materiales de oficina y limpieza. En un contexto en el que juzgados han advertido desde hace meses la falta de tóner y papel para expedir copias.
La Suprema Corte informa cambios en seguridad y administración interna
Sobre seguridad, Vargas señaló que ahora se destinarán mil 170 millones de pesos, la mitad de lo asignado el año anterior. Sin precisar si esto implicará una reducción de personal de vigilancia en tribunales y juzgados.
Para finalizar, el funcionario, designado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que se adquirió una flota vehicular para el Poder Judicial Federal por 268 millones de pesos y que se abandonó el esquema de arrendamiento financiero bajo el cual operaban 445 vehículos.
Finalmente, Vargas indicó que alrededor de 40 jueces y magistrados cuentan actualmente con medidas de protección, aunque no todos disponen de vehículos blindados.
Recordó que en 2017 el Consejo de la Judicatura Federal llegó a tener 210 camionetas blindadas. Cifra que se redujo en 2019 debido, entre otras razones, a los costos adicionales que implicaban para los juzgadores.
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