La incertidumbre sobre el futuro financiero ha llevado a los burócratas de Tamaulipas a las puertas del Poder Judicial Federal. Este 11 de febrero, fecha límite para actuar legalmente, se formalizó un amparo contra las recientes modificaciones de la ley del IPSSET vigentes desde enero en Tamaulipas.
Un reclamo por la estabilidad económica
El movimiento, que se define como una iniciativa ciudadana sin banderas políticas, busca revertir los efectos de la reforma aprobada en diciembre. El ajuste golpea directamente el poder adquisitivo de las familias. Así lo señaló el doctor Armando Trejo Moreno, representante del grupo.
“Hoy 11 de febrero estamos aquí a las afueras del Poder Judicial Federal, después de haber entregado el documento de amparo en contra de las reformas del IPSSET”.
El reclamo principal radica en que los cambios alteran las reglas del juego para quienes ya tenían planeado su retiro bajo normativas previas. La ley se aplica de forma retroactiva, vulnerando los derechos establecidos de los trabajadores estatales. Así lo aseguran los inconformes.
“Esta reforma impacta directamente sobre el salario de los trabajadores, afecta el poder adquisitivo, y eso es anticonstitucional. La Constitución impide que una vez que ya tienes planeado tu retiro en base a ciertas reglas, de último momento te las cambien con el argumento de que es algo benéfico”.
Amparo contra ley del IPSSET en Tamaulipas: El proceso en los tribunales
Tras la entrega del recurso, un juez federal deberá analizar la queja y llamar a comparecer a las instituciones involucradas. Entre ellas figuran el Congreso local, el Ejecutivo estatal y representaciones sindicales como el SUTSPET y la sección 30 de maestros.
“Una vez que está registrado, el Poder Judicial hace una evaluación, asigna a un juez y luego ese juez llama a las partes involucradas, en este caso el Gobierno del Estado, tanto el Congreso como el Ejecutivo, así como el SUTSPET y la sección 30 de maestros que fue mencionada en el amparo. Era un trámite gratuito, una invitación muy abierta para todos, sin colores de ningún tipo, nada más como trabajadores buscando justicia laboral”.
Antecedentes y próximos pasos
La base trabajadora recordó con desconfianza que en 2015 ya se habían incrementado las aportaciones del 6 al 10.5 por ciento. Sin embargo, la promesa de seguridad social plena no se ha cumplido, lo que genera un clima de desprotección jurídica para el empleado.
“Nos da una incertidumbre jurídica muy importante y el gobierno no da la certeza jurídica que requiere el trabajador para planear su futuro, en este caso su retiro”.
Actualmente, los empleados ya perciben descuentos inesperados en sus nóminas, lo que ha acelerado la urgencia de una resolución judicial. Los promoventes esperan que el juez otorgue una suspensión que congele los efectos de la ley mientras se dicta una sentencia definitiva.
“Van a recibir noticias próximamente sobre los avances que tengamos en este caso. Como ustedes van a poder ver en su tarjetón de pago hay un descuento que no estaba contemplado, y eso es lo que estamos reclamando”.
Por Jordan Espinosa
