A pesar de las diferencias públicas y conocidas entre los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), hubo un punto en el que todos coincidieron: la elección judicial debe aplazarse.
De entrada, se puso sobre la mesa la posibilidad de que estos comicios se realicen en 2027, el mismo año que el resto de las elecciones. Incluso se planteó que pudieran llevarse a cabo unos tres meses después, con la idea de aprovechar la capacitación de las personas que buscan y preparan a los ciudadanos que serán funcionarios de casilla. Sin embargo, para los consejeros, el mejor momento para organizar este proceso sería 2028.
Consejeros del INE alertan riesgos operativos por elección judicial. La preocupación principal es que juntar todos los procesos electorales en un mismo día puede poner en riesgo la calidad técnica y operativa de la elección. Además, señalaron que no habría un ahorro real, ya que la Constitución excluye a los partidos políticos de la elección de juzgadores. Por ello, sería necesario instalar dos tipos de casilla en lugares distintos, entre otros aspectos.
En resumen, y con distintos matices, los consejeros consideraron que una elección concurrente sería “inmanejable, incompatible, complicada”, tanto para quienes organizan los comicios como para la ciudadanía.
Consejeros del INE alertan riesgos operativos por elección judicial. El antecedente inmediato es el proceso 2024-2025, cuando el INE enfrentó el debut de las elecciones derivadas de la reforma judicial. En esa ocasión, el instituto tuvo que organizar una contienda con una metodología diseñada y operada por otras instancias. Al final, le tocó “cachar” los errores del esquema.
Un ejemplo ocurrió en febrero de 2025, cuando el Senado entregó al INE las carpetas con los datos de las candidaturas. Los requisitos de esas personas no fueron evaluados por el instituto, sino por tres comités de evaluación diferentes.
Consejeros del INE alertan riesgos operativos por elección judicial
La situación no tenía precedente. Por un lado, se exigía al INE actuar con eficiencia y rapidez. Pero, al mismo tiempo, debía revisar procesos previos construidos con tres enfoques distintos, porque así quedó diseñado en la reforma judicial.
El resultado fue una base de información incompleta. Había candidaturas sin correo electrónico registrado, errores de captura en datos básicos y, sobre todo, dudas sobre la posible existencia de personas inelegibles entre los miles de expedientes entregados.
Consejeros del INE alertan riesgos operativos por elección judicial. Con poco tiempo y sobre la marcha, el INE tuvo que revisar candidaturas para definir si su postulación era viable. También pidió información a fiscalías y a otras instancias para confirmar que las personas registradas no fueran violentadoras ni deudoras alimentarias.
En uno de los expedientes, por ejemplo, el instituto detectó el caso de un candidato a juez de distrito que estaba privado de la libertad, acusado de violencia.
A esto se sumó otro problema: la interpretación de un párrafo de la reforma relacionado con los requisitos académicos. Después de una revisión exhaustiva, en la que se detectaron decenas de personas que no acreditaban los promedios establecidos en un texto confuso. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que al INE no le correspondía hacer ese análisis. Consejeros del INE alertan riesgos operativos por elección judicial.
