Un grupo de 25 jueces y magistrados federales afirmaron que los cambios que pretende la iniciativa de reforma judicial propuesta por el Ejecutivo federal raya en un acto de “tiranía” que, de consolidarse, comprometerá la seguridad jurídica y los derechos incluso de quienes la promueven.
Los impartidores de justicia del Trigésimo Circuito, con sede en Aguascalientes, hicieron un pronunciamiento en el que resumen que la reforma confunde el concepto de justicia y sólo pretende avasallar al Poder Judicial de la Federación (PJF), pues la idea de elegir a los juzgadores mediante el voto popular es un pretexto para someterlos.
Los firmantes pusieron en duda la postura de diálogo que mantienen los principales actores del PJF, pese al discurso de atropello y humillaciones contra los juzgadores, por lo que advirtieron que no van a impedir los eventuales paros y protestas contra la aprobación de la iniciativa.
“Es cuando menos dudosa la eficacia de un diálogo ante el sistemático y público discurso de atropello, humillación y degradación. Han sido años de activismo con una percepción falsa no probada, y mucho menos encausada a procedimientos válidos que nos permitan desahogar pruebas para demostrar la verdad sobre la falsa calumnia; al igual que implícita, o hasta explícitamente, se nos ha amenazado e intimidado mediante un continuo discurso público unilateral”, acusaron.
“No podemos comprometernos a no actuar ante una intromisión en la Judicatura que pretende el cambio total de quienes ejercen por carrera su función, lo cual raya es un acto propio de una tiranía. No podemos pedir que trabajadores callen, no se muevan, no hagan paro, protestas, ante el final de su carrera judicial en su vocación. La indignación es general, sostenida, compartida”.
“Cuando este Poder Judicial deje de ser independiente, deje de ser control del poder político, sea servil, populista, consolide ideologías y partidos políticos, nadie de los que habitamos este país, incluidos quienes alientan su desmantelamiento, tendremos seguridad en el respeto de nuestros derechos humanos”.
Parafraseando al Presidente Andrés López Obrador, sin mencionar su nombre, los jueces y magistrados señalaron que, en su integración de personal y esquema institucional, el PJF está definido “para no engañar, no robar, no traicionar al pueblo”, sino para proteger sus derechos humanos.
En el pronunciamiento, rechazaron la elección de juzgadores a través del voto popular, porque estimaron que implícitamente es una invitación a compartir el poder político.
“No somos políticos, rechazamos cualquier invitación a compartir el poder político: juzgar exige capacidad, independencia y autonomía. Nosotros no insultamos, no usamos urnas para juzgar o perseguir, no usamos vallas ni grupos antimotines. Nuestra fuerza proviene de la razón, de la palabra, con el apoyo del Estado de derecho”, indicaron.
“No defendemos ideologías ni propias ni ajenas. Obedecemos leyes, valores, principios del sistema jurídico mexicano. Lo hemos hecho siempre, lo hicimos ante el escarnio sin sustento y lo seguimos haciendo aún ante las adversidades presentes. Nosotros no rendimos pleitesía al Ejecutivo y el Legislativo: somos un contrapeso constitucionalmente previsto precisamente para ello, para hacer contrapeso”.
“Fuerte y claro: somos un poder de control de regularidad constitucional frente al poder mismo del Estado mexicano, porque la Constitución así lo establece y demanda, lo cual ahora se pretende presentar y explicar como motivo de la urgencia de avasallar al PJF”.
