Luego de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia decidió respaldar la suspensión de labores aprobada el lunes por trabajadores de su sede central, en rechazo a la reforma judicial que la Cámara de Diputados discute esta semana, las Ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, afines al Gobierno federal, condenaron la medida.
Tras votar en contra de sumarse a un paro que los tribunales federales del país iniciaron desde el pasado 19 de agosto, las Ministras disidentes condenaron “de manera enérgica” la decisión mayoritaria de sumarse al paro, y afirmaron que es contraria a la obligación Constitucional de la Corte de impartir justicia.
En un comunicado conjunto Esquivel, Batres y Ortiz advirtieron: “No está prevista la figura del paro de labores a nivel Constitucional ni legal para los titulares de la Corte, es decir, mediante un acuerdo de las Ministras y Ministros”.
“Por el contrario, el personal de confianza no puede ni siquiera acudir a huelga, de conformidad con múltiples criterios sostenidos por la propia Corte como la jurisprudencia 118/2016, de la Segunda Sala”, agregaron.
También acusaron que sus colegas podrían estar incurriendo en diversos delitos por mantener el pago de sus remuneraciones al tiempo que suspenden labores.
Las Ministras afirmaron haber propuesto que se mantuvieran las sesiones a distancia, lo que no fue aceptado por la mayoría, pues el personal de los Ministros y Ministras, así como de otras áreas de la Corte, tendría que seguir trabajando aún sin asistir al edificio.
