La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, acusó una “persecución política” contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos.
La legisladora panista señaló que las investigaciones y posibles juicios políticos deben dirigirse contra funcionarios vinculados al crimen organizado. No contra autoridades que, según dijo, combaten a los cárteles.
Durante declaraciones a medios, en el marco de la sesión de la Comisión Permanente, López Rabadán cuestionó la intención de Morena. Afirmó que se busca colocar a la mandataria estatal en el banquillo, retirarle el fuero y fincarle cargos penales, tras el aseguramiento de un narcolaboratorio en Chihuahua.
“Hoy hay dos tipos de políticos: los que están del lado de los delincuentes, del lado del narco (…) y los políticos que desmantelan narcolaboratorios, que protegen a sus ciudadanos y enfrentan al crimen organizado”
Acusan “persecución política” contra gobernadora de Chihuahua
La diputada panista usó el caso de Chihuahua para compararlo con la crisis de seguridad en Sinaloa. También lo vinculó con las acusaciones contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios y exfuncionarios de esa entidad, por presuntos nexos con el crimen organizado.
Además, consideró que impulsar un desafuero o juicio político contra Maru Campos sería “un abuso” y “una ofensa a la inteligencia de los ciudadanos”.
“Claramente Maru Campos está del lado correcto de la historia, está del lado de la legalidad, de proteger a las familias en Chihuahua. Destruir un narcolaboratorio obliga a reconocerle su trabajo”
López Rabadán sostuvo que las investigaciones deberían enfocarse en gobernantes “acusados de tener ligas o relación con el crimen organizado”.
En ese sentido, advirtió que el país debe definir qué clase de políticos quiere: “si queremos políticos corruptos que protejan al narcotráfico o políticos honestos que defiendan a las familias”, expresó.
Finalmente, la presidenta de la Cámara de Diputados insistió en que la inseguridad y el control territorial del crimen organizado son responsabilidad del Estado mexicano.
“Somos los mexicanos los que debemos reconocer que si hay un político corrupto, un alcalde corrupto o un gobernador corrupto, se le investigue y se le sancione”
